La Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) y Pachakutik (PK) se adhirieron al Partido Social Cristiano (PSC) y a Construye para dejar solo al bloque correísta en su intento de incluir reformas polémicas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La intención del correísmo era logras que se revisen sentencias condenatorias ejecutoriadas, obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a entregar información reservada y archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito.

La negativa de los cuatro partidos sucede casi una semana luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo pronunciarse por las reformas, ni aprobarlas en segundo debate, y que Henry Kronfle (PSC), presidente de la Asamblea, se viera obligado a suspender la sesión.

La reinstalación de la sesión para abordar el tema ya tiene fecha. Kronfle convocó pasadas las 20:00 de este 19 de febrero a la continuación de la plenaria para las 11:00 del 22 de febrero.

No a la impunidad

El bloque Pachakutik y ADN, que desde el 15 de febrero mantenían cautela frente a la intentona correísta, descartaron cualquier probabilidad de abrir la puerta a una revisión de sentencias condenatorias.

“Hay reformas que no apoyamos, porque nuestra agenda nunca ha sido la impunidad”, dijo Inés Alarcón (ADN).

Mariana Yumbay (PK) indicó que estos temas afectarán a la Justicia y van en contra de la Construcción. “La Justicia necesita total independencia, no apoyaremos la impunidad, ni la metida de mano en la Justicia, ni apoyaremos la desnaturalización del recurso de revisión;  las denuncias que están en la Fiscalía deben tener su final, no pueden ser archivadas”, indicó.

Dallyana Passailaigue (PSC) y Paúl Buestán (Construye) coincidieron en que la Asamblea no puede solicitar propuestas inviables e inconstitucionales.

Buestán expresó que cuando se llame a una sesión del Pleno se mantendrán con la moción de archivo, en caso de que no se hayan dado las correcciones necesarias al texto original.

Gissella Garzón (Revolución Ciudadana) no descartó que el informe vuelva a la Comisión de Justicia y proceder a una nueva redacción. “La otra posibilidad (es que el trámite) tome más tiempo”, sostuvo al indicar que espera que esto no se trabe el resto de reformas que se incluyen en el Código Penal. Entre ellos, ajustes para la subida de las penas sobre delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado.

En el proyecto también se plantea que la pena máxima por sicariato se eleve a 26 a 30 años; para el crimen de terrorismo a 13 a 18 años, y que la delincuencia organizada sea penada con hasta 13 años, en comparación con los diez años actuales.

Los legisladores también resolverán sobre la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como homicidio, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad (secuestro), extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala.

‘No podrá acceder al recurso de revisión’

De acuerdo con a la entrevista a ANGEL NOTICIAS TV, Diana Salazar, fiscal general del Estado, afirmó el 18 de febrero del 2024, en un programa de televisión, que el caso Sobornos, por el cual se condenó al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel, no podrá acceder al recurso de revisión propuesto en las reformas del COIP en la Asamblea.

Según manifestó, no hay prueba alguna que desmienta las acusaciones hechas por la Fiscalía en el 2019. Una de las pruebas del caso es el testimonio de personas cercanas a Correa, quienes revelaron las actividades hechas por él y Jorge Glas en las oficinas de la Presidencia de la República, indicó Salazar.

Para la Fiscal, las reformas propuestas al COIP serían una forma de ayuda a favor de la impunidad desde sectores políticos en la Asamblea. “Tratan de cocinar una ley a la carta que lo único que busca es beneficiar a un personaje, con nombre y apellido, cuyo único objetivo ha sido anular sus sentencias desde hace más de cinco años”, precisó la fiscal.