Un juez dejó en manos de la Asamblea Nacional la posibilidad de abrir un nuevo juicio a Jorge Glas, exvicepresidente, acusado de presunto peculado en el caso de la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.

La decisión judicial fue informada el miércoles 29 de noviembre en un comunicado de la Fiscalía General del Estado, que la calificó como “innecesaria y dilatoria” al no ser actualmente Glas un funcionario público en funciones y existir ya precedentes de casos similares.

Sin embargo, el magistrado Luis Rivera envió una solicitud para que sea la Asamblea Nacional autorice o no el enjuiciamiento de Glas, que el año pasado recuperó su libertad tras haber pasado cinco años en cárcel por condenas en firme por corrupción.

La Fiscalía recordó el precedente ocurrido en 2018 con Correa, cuando la Asamblea Nacional “declaró improcedente la autorización solicitada por la Corte Nacional de Justicia para vincular al expresidente al caso del secuestro de Fernando Balda” cuando ya no ocupaba el cargo del jefe de Estado y, por lo tanto, “no había impedimento”.

Glas ya fue condenado anteriormente a ocho años de cárcel por cohecho en el caso ‘Sobornos’, donde Correa recibió la misma condena, y a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, donde el exvicepresidente revindica su inocencia después de que la Justicia brasileña anulase las pruebas extraídas de los sistemas informáticos de la constructora.

Tanto Glas, que ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, como Correa se consideran perseguidos políticos y víctimas de ‘lawfare’ (utilización del sistema judicial contra rivales políticos).

Fiscalía manifestó además su preocupación por las actuaciones del juez Rivera, del que recordó que dictó el sobreseimiento del caso ‘Helicópteros Dhruv’, sobre presunto peculado contra 18 personas por la adquisición de siete helicópteros militares Dhruv durante la administración del expresidente Correa (2007-2017).

Asimismo, lamentó que el mismo juez “aún no haya señalado fecha y hora para la formulación de cargos en el caso denominado ‘Independencia Judicial’, en el que son investigados el presidente y uno de los vocales del Consejo de la Judicatura”.

”Aunque respetuosa de las competencias de cada institución, la Fiscalía considera que este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo, incluidos los relacionados con corrupción o en contra de la eficiencia del Estado”, concluyó la Fiscalía.

También se pronunció la fiscal general, Diana Salazar, quien estuvo a cargo de la acusación por la que Correa fue inhabilitado y condenado a ocho años de cárcel, y a la que esta semana el correísmo ha anunciado su intención de promover un juicio político en su contra para destituirla.

“Cada día es más evidente que buscan el juicio político porque a mí no me pueden controlar para tener impunidad, como sí lo hacen con ciertos jueces que dilatan los procesos, sin que les importe el daño que causan a las arcas del Estado, es decir al pueblo”, escribió Salazar en redes sociales. EFE