El trámite de juicio político contra la fiscal Diana Salazar se encuentra en la Comisión de Fiscalización, que antes debe despachar dos trámites.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, no ve probable la destitución y censura de la fiscal Diana Salazar por parte de la Asamblea Nacional en un eventual juicio político, ya que no alcanzarían los votos.

Kronfle está de viaje en España y en declaraciones a EFE explicó que la bancada del correísmo, que ha impulsado el juicio político, dispone de 51 de los 137 asambleístas que forman el Pleno, pero son necesarios al menos 70 votos para la reprobación.

Él señaló que tanto su partido (Social Cristiano) como el oficialista ADN del presidente, Daniel Noboa, Construye, y parlamentarios independientes no van a apoyar el juicio político.

“La suma no da si solamente Revolución Ciudadana, que tiene 51 escaños, vota a favor, pero el resto de la Asamblea, en términos generales, no”, resumió.

El juicio político a Diana Salazar

Salazar llevó la acusación por la que fue condenado e inhabilitado el expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica de forma permanente desde que salió del poder en 2017. Fue sentenciado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho.

RC ha pedido la fiscalización parlamentaria de Salazar “por sus innumerables incumplimientos” de la Constitución y las leyes.

El trámite se encuentra en la Comisión de Fiscalización, que tiene mayoría de asambleístas del correísmo. Antes, esta mesa legislativa debe despachar los juicios políticos de Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, y Juan Zapata, exministro del Interior, quienes fueron funcionarios durante el Gobierno del ahora expresidente Lasso.

Metástasis y Purga

La fiscal Salazar ha revelado en los últimos meses dos casos de presunta delincuencia organizada que han sacudido al país.

Estos son el caso Metástasis, que investiga cómo el narcotraficante Leandro Norero pagaba a jueces, fiscales, policías, abogados particulares, entre otros, para favorecerse con resoluciones judiciales.

Recientemente, está el caso Purga, que desmenuza un entramado de presunta delincuencia organizada vinculada con jueces y exjueces de la Corte de Justicia de Guayas y que tiene como presunto cabecilla al exasambleísta del PSC, Pablo Muentes.