La fiscal general, Diana Salazar, solicitó se abra una etapa de instrucción fiscal de 90 días contra los tres procesados acusados por el delito de peculado.

Prisión preventiva contra el expresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, es la medida cautelar que cree la fiscal general, Diana Salazar, es la única que podrá aplicarse contra estos dos procesados en el caso Reconstrucción de Manabí para garantizar la comparecencia de ambos al proceso, garantizar el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y sobre todo asegurar el cumplimento de la pena.

La fiscal general señalaba que está segura de que los abogados de los dos procesados argumentaron que no es necesaria la orden de prisión preventiva, pues el delito de peculado que se investiga en esta causa puede ser juzgado en ausencia y es imprescriptible el tipo penal. “La pena no puede ser cumplida en ausencia, no puede ser cumplida en una embajada, la pena no puede ser cumplida en Estados Unidos, la reparación integral no puede ser cumplida en ausencia”, afirmó.

En el conocido caso Reconstrucción de Manabí se analizan supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos como el vial Manta-Colisa y el parque Las Vegas, entre otros. La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación) fueron adjudicados y establecidos como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016.

Además de Glas, quien es investigado por sus intervenciones como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y Bernal, también será procesado por el delito de peculado Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. Por haber colaborado con la investigación y no eludir a la justicia, dijo Salazar, para Ortiz se solicitó se apliquen las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica.

En cuanto a Glas y Bernal, la fiscal general aseguró que se han presentado los elementos de convicción suficientes, claros y concluyentes que hacen presumir de la participación como autores de ambos en un sistema de abuso en el manejo de los recursos estatales, que si bien debían ser usados para el fin que fueron recaudados, esto es la reconstrucción, la reactivación económica, en este caso no fue así, ya que fueron destinados para la ejecución de programas, obras y contratos que previamente ya estaban planificados al arbitrio de los intervinientes en este ilícito.

Para justificar la prisión preventiva para Glas, Diana Salazar señaló que el ahora procesado exvicepresidente ha dado muestras de querer evadir a la justicia y como ejemplo recordó la fiscal general, que el 17 de diciembre pasado él ingresó en la Embajada de México, en Quito, luego que conoció que la Fiscalía iba a iniciar actividades de investigación en el caso Reconstrucción de Manabí.

Para Salazar, Glas es un ciudadano reincidente en conflicto con la ley y debe nuevamente ser localizado y capturado con el fin de garantizar su comparecencia a este proceso penal. “Existe una presunción objetiva de ley de que el imputado (Glas) tratara de evadir la efectiva acción del derecho por la reincidencia delictiva. El único fin que tiene al haberse refugiado en esa embajada es no comparecer a las siguientes etapas procesales. Lejos de ser un perseguido político es un ciudadano que quiere evadir la acción de la justicia”, refirió.

En cambio, de Bernal señaló que él ha reportado estar viviendo en Miami, Estados Unidos, por lo tanto, cualquiera de las otras medidas cautelares podrán ser controladas debido a temas de jurisdicción y competencia. Por eso, dijo, es necesario que se ordene la prisión preventiva y la ubicación y captura a la Interpol.

“Los procesados han dado muestras y tienen conductas que crean un riesgo procesal de evadir la comparecencia a la audiencia de juzgamiento y crear un escenario necesario para la impunidad”, anotó la titular de la Fiscalía.

Como medidas reales, Salazar solicitó al juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, que ordene la retención de cuentas bancarias que mantengan los procesados en ciertas cuentas del sistema nacional, que defina la prohibición de enajenar bienes a nivel nacional y la inmobilización de cuentas pidió que sea hasta por un valor de $ 367′478.972,30.

Luego de la intervención de los abogados de la Procuraduría General del Estado y del Consejo de Participación Ciudadana, quienes aún no son parte procesal del caso, el juez Rivera ordenó un receso hasta las 13:45 de este mismo viernes 5 de enero.

Reinstalada la diligencia será el turno de los abogados del exvicepresidente Glas, Edison Loaiza y Andrés Villegas; de Bernal, quien participó de la audiencia vía telemática desde Miami, Estados Unidos, y cuyo abogado es José Luis Chica; y finalmente de Ortiz, quien es defendido por Gustavo García Guerrero. (I)