Una millonaria suma de dinero, hallada tras el sicariato de un hombre afuera de su domicilio en Guayaquil, dejó al descubierto la presunta implicación de cuatro personas en el delito de lavado de activos.

Fiscalía inició la investigación de este caso en agosto de 2022, tras el asesinato del ciudadano Juan Pablo Andrade (alias J. P.).

Luego de las primeras diligencias, se conoció que en su vivienda se encontraron más de 8 millones de dólares y de 100.000 euros en efectivo, además de armas, municiones y documentos relacionados a un grupo criminal, entre otros.

El fallecido tenía antecedentes por varios delitos, como robo, tenencia y porte de armas, y uso doloso de documento falso.

Además, se descubrió que Hericka Yahaira B. G., esposa de alias J. P. (+) habría comprado al menos siete viviendas, un terreno, cinco vehículos de alta gama, una motocicleta y dos motonetas, y colocado –a manera de donación– a nombre de su hijo Jaime Antonio B. B. (mayor de edad) y sus dos hijos menores de edad.

Por otra parte, Juan Leonardo A. F., padre del hombre asesinado, tenía a su nombre dos viviendas y un vehículo, mientras que Carlos Alfredo T. N. tenía tres viviendas y dos vehículos

Estas operaciones fueron detectadas por el sistema financiero y ninguno de ellos pudo justificar el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes.

Los reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) arrojaron un Reporte de Operaciones Inusuales (ROII), mismo que fue presentado entre los elementos de convicción por parte de la fiscal de este caso, en la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el 28 de noviembre.

También se expusieron informes de escrituras públicas que dan cuenta de que los procesados adquirieron –con dinero en efectivo– varios inmuebles y grandes inversiones a plazo fijo, pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, sin un aparente respaldo económico legítimo.

El monto aproximado del lavado de activos es de 9’757.844,89 dólares.

Con base en los elementos presentados por la agente fiscal Antilavado de la Fiscalía General del Estado, la jueza de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para tres personas y medidas alternativas para un adulto mayor.

En su resolución, la magistrada también ordenó la incautación de 8’399.520 dólares y 100.000 euros, la retención y congelamiento de dos pólizas de 60.000 y 10.000 dólares de los procesados, y la incautación de trece inmuebles, once vehículos; y, prohibición de enajenar cuatro inmuebles y cuatro vehículos.

Fiscalía procesa este caso por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317, inciso 1, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP)